Introducción

Este artículo se inscribe en una línea de investigación desarrollada desde 2019 por el Grupo de Estudios sobre Pueblos Indígenas, Conflictos Ambientales y Territoriales (PICAT) en la Universidad Nacional de La Matanza. El objetivo general del trabajo es relevar, sistematizar y analizar los conflictos ambientales y territoriales que afectan a comunidades indígenas en la Provincia de Buenos Aires, a fin de aportar al diseño de políticas públicas con perspectiva intercultural y justicia ambiental.

A partir de una revisión exhaustiva de fuentes primarias y secundarias, así como del trabajo de campo en diversos territorios, se identificaron 164 conflictos, vinculados principalmente a problemáticas como contaminación hídrica, gestión deficiente de residuos, fumigaciones, entre otras que se presentan en relación con la expansión del modelo extractivista en ámbitos urbanos y rurales. Estos conflictos se vinculan directamente con la precariedad de las condiciones de vida, el acceso desigual a recursos y servicios básicos, y la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas a estos sectores (Castilla, 2024; Martínez Alier, 2015; Merlinsky, 2017; Ulloa, 2016).

El artículo se inscribe en un enfoque de ecología política y geografía crítica, desde el cual se problematizan las relaciones entre ambiente, territorio, poder y desigualdad. Asimismo, se recupera la noción de conflicto ambiental como categoría analítica, que permite dar cuenta de las múltiples formas en que se expresan las disputas por el hábitat, la vida y el derecho a existir dignamente en contextos de injusticia socioambiental. Cabe destacar que la definición de conflicto ambiental fue desarrollada previamente por nuestro equipo (Contreras et al., 2024) y se enmarca en los debates teóricos antes referidos (Azuela y Mussetta, 2009; Merlinsky, 2013; Martínez Alier, 2020; Schmidt y Castilla, 2022, entre otros). En tal sentido, partimos del reconocimiento de que no existe una única forma exhaustiva y precisa de definir estos conflictos, debido a la diversidad de actores involucrados, los intereses en disputa, los contextos específicos en que se desarrollan y las respuestas que suscitan. Asimismo, sus impactos, aprendizajes y transformaciones varían según las multiterritorialidades, temporalidades e interacciones que los atraviesan (Castilla, 2018; Haesbaert, 2013).

Por tanto, definimos a los conflictos ambientales como situaciones que generan espacios de influencia y transformación política, social, ambiental y/o mediática, a través de la denuncia, la movilización, la acción directa y/o la visibilización de un problema. Estos conflictos se manifiestan en diferentes escalas y espacios, se relacionan con múltiples problemáticas entrecruzadas, y presentan una alta complejidad y variabilidad en sus formas, duración, actores involucrados (humanos y no humanos), paisajes y tiempos (Danowski y Viveiros de Castro, 2019; Santos, 1993; Silveira, 2007).

No todos los conflictos implican manifestaciones masivas o acciones colectivas visibles; muchos están marcados por intereses divergentes y formas de intervención más opacas, como estrategias clientelares, extorsiones, negociaciones o reconfiguraciones de situaciones preexistentes. En general, entendemos que estos conflictos conllevan procesos de transformación del orden sociocultural y ambiental (Azuela y Cosacov, 2013).

Por ello, este trabajo se enfoca en aquellas situaciones que generan o profundizan escenarios de desigualdad, injusticia, contaminación y/o transformación socioambiental y territorial, y que son visibilizadas o denunciadas por uno o más actores/as –organizados o no– a través de redes sociales, medios de comunicación, movilización colectiva o presentaciones formales ante organismos gubernamentales y/o judiciales, entre otras estrategias de acción y transformación (Merlinsky, 2017).

Algunas consideraciones metodológicas

En cuanto a la metodología propuesta, que posibilitó la sistematización de los conflictos mencionados, cabe destacar, en primer término, que el trabajo fue llevado a cabo por un equipo integrado por quince miembros del Grupo PICAT. Este equipo estuvo conformado por estudiantes de las carreras de Trabajo Social y Nutrición, así como por graduados/as e investigadores/as de la Universidad Nacional de La Matanza, durante el período comprendido entre 2019 y 2024. La investigación combinó el análisis de fuentes documentales con el trabajo de campo en distintas localidades fundamentalmente de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), donde detectamos la mayor presencia de conflictos y comunidades indígenas habitando este territorio. En tal sentido, además del análisis de fuentes, se realizaron entrevistas en profundidad y virtuales con actores involucrados en dichos conflictos, muchas veces integrantes de organizaciones ambientales, sociales, indígenas en las localidades de Florencio Varela, Marcos Paz, La Matanza, San Nicolás, Berisso, La Plata, Quilmes, entre otras, además de territorios que se encuentran por fuera de los límites geográficos de la RMBA como la localidad de Tandil, San Nicolás de los Arroyos, Bahía Blanca, Azul, etc.

La selección de informantes para entrevistar fue intencional, priorizando integrantes de comunidades indígenas, referentes sociales, técnicos del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI),^[1] y miembros de organizaciones ambientales y territoriales. Las entrevistas se realizaron con una guía que abordó temas como condiciones de vida, conflictos ambientales, impactos en la salud, acceso a servicios básicos, participación institucional, prácticas de cuidado territorial y vínculos con políticas públicas.

Además, se realizaron observaciones en actividades comunitarias, encuentros organizativos y jornadas territoriales que complementaron la información obtenida. En todos los casos, se garantizó el consentimiento informado y se resguardó la identidad de las personas. La información fue triangulada con el análisis documental y cartográfico, permitiendo construir un diagnóstico situado de las problemáticas abordadas.

Si bien inicialmente, el trabajo de campo se concentró en la Región Metropolitana de Buenos Aires, donde se identificó una mayor concentración de conflictos y presencia indígena, posteriormente, el estudio se amplió a otras localidades de la Provincia. Ahora bien, es importante mencionar que no contamos con financiamientos específicos para realizar estas tareas de investigación y que los proyectos a los que pudimos acceder no logran cubrir los gastos y viáticos que implica realizar un trabajo de campo en toda la extensión el territorio con cada uno/a de los/as integrantes de este equipo. A pesar de ello, se han realizado entrevistas virtuales, trabajos de campo con entrevistas in situ en profundidad y observaciones con participación a cargo de quien dirige esta propuesta y de algunas integrantes del equipo, en gran parte de las localidades antes mencionadas, con la finalidad de corroborar con los propios actores algunos de los casos aquí analizados.

En cuanto a las fuentes secundarias, se relevaron más de 950 registros provenientes de medios de comunicación masiva como Clarín, La Nación, Página 12, Infobae, entre otros, además de medios alternativos, independientes y vecinales; redes sociales; portales de información elaborados por colectivos sociales, ambientales e indígenas; informes documentales; registros audiovisuales; informes técnicos generados por organismos gubernamentales y no gubernamentales; documentos de organizaciones y fundaciones de la sociedad civil; informes de impacto ambiental; estudios sanitarios; denuncias y amparos presentados en diferentes instancias judiciales; literatura especializada como tesis de grado o posgrado, artículos académicos, presentaciones y ponencias de eventos, jornadas y congresos científicos, entre otros.

Dado el carácter extenso del corpus documental, no se incluyen en el artículo todas las referencias específicas de cada caso; sin embargo, la información sistematizada puede ponerse a disposición, si se requiere, y los datos generales se basan en el análisis de más de 950 fuentes relevadas por el equipo de investigación que son permanentemente revisadas y actualizadas.

Para la búsqueda se utilizaron motores como Google, Google Scholar y bases institucionales como CONICET, INDEC, Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), entre otras. A partir del relevamiento realizado por los integrantes de CPAI, se desarrollaron diversos mapas que buscan representar las múltiples realidades que las comunidades identificadas tienen en sus territorios. Utilizando como capa base la información brindada por el CPAI con toda la ubicación de las comunidades –con o sin personería jurídica– logramos incorporar otras variables de información y análisis.

Las palabras clave utilizadas incluyeron: conflicto ambiental, contaminación, pueblos indígenas, desplazamiento, salud, fumigaciones, cuencas hídricas, basura, urbanización, territorios, calidad de vida, soberanía alimentaria, salud intercultural, feminismo. La selección de casos fue intencional, priorizando conflictos vigentes, territorios con presencia indígena según el CPAI, y situaciones con documentación accesible. También se sistematizaron notas de campo y registros audiovisuales que se encuentran presentes en este artículo y acompañan la sistematización de los casos relevados en las fuentes.

El Índice de Calidad de Vida (ICV) utilizado corresponde a la sistematización elaborada por Velázquez y Celemin (2019) en el marco del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS-ISISTAN), que integra dimensiones socioeconómicas y ambientales a partir de información estadística secundaria. La ponderación general asigna un 60% a la dimensión socioeconómica y un 40% a la dimensión ambiental. En el primer caso, se consideran tres componentes con igual peso relativo (20% cada uno): Educación, medida por la proporción de población de 15 años o más que ya no asiste a un establecimiento educativo y no ha completado la educación primaria, y por la proporción de población con educación universitaria completa; Salud, evaluada a partir de la tasa de mortalidad infantil (promedio trienal 2009-2011) y el porcentaje de población sin cobertura médica; y Vivienda y equipamiento, que incluye la proporción de hogares sin inodoro con descarga de agua o con inodoro ausente, así como el porcentaje de población que vive en condiciones de hacinamiento. La dimensión ambiental se estructura en dos componentes también con igual ponderación (20% cada uno): Problemas ambientales, que abarca indicadores de uso de plaguicidas, peso de la industria y minería en el producto bruto geográfico, contaminación, ruido, congestionamiento, localizaciones peligrosas, asentamientos precarios, basurales, riesgos naturales y disconfort climático; y Recursos recreativos, que considera tanto los de base natural (playas, balnearios, termas, nieve, relieve, espejos y cursos de agua, parques y espacios verdes) como los socialmente construidos (patrimonio urbano, centros culturales, comerciales, de esparcimiento y deportivos) (Velázquez, 2016, Velázquez et al., 2014). Si bien no incorpora dimensiones subjetivas, este índice permite una aproximación comparativa robusta sobre las condiciones socioambientales de los territorios donde se localizan las comunidades indígenas.

La estrategia metodológica aquí plasmada busca combinar amplitud en la sistematización con profundidad analítica, para ofrecer un diagnóstico útil tanto para la comunidad científica como para la gestión pública. Asimismo, la complejidad de los casos relevados exigió un abordaje flexible e integral, que permitiera incorporar dimensiones emergentes en el proceso de análisis, en diálogo con las voces de actores territoriales. En tal sentido, este trabajo no es concebido como un producto acabado, sino como una herramienta orientada a contribuir en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan revertir los escenarios de desigualdad e injusticia ambiental que afectan especialmente a las poblaciones más vulneradas.

Conflictos ambientales y territoriales: impactos del modelo extractivista

En las últimas décadas, la expansión de las actividades extractivas ha contribuido a una reprimarización de la economía, causando desgaste y agotamiento de recursos naturales, degradación ambiental y efectos adversos en la salud de seres humanos y no humanos (Giarracca y Teubal, 2013; Ulloa, 2021). En la República Argentina, el acceso y uso de la tierra y bienes comunes se manifiestan como factores emergentes de conflicto, donde los pueblos originarios y pequeños/as productores/as, entre otros sectores vulnerables, son los principales actores afectados. La deforestación, la escasez hídrica, las insuficientes infraestructuras de desarrollo, los déficits en el sistema sanitario, la constante contaminación, la transformación de humedales debido al desarrollo inmobiliario y las políticas públicas inadecuadas convierten estos territorios en zonas de sacrificio que se vuelven inhabitables para las comunidades locales (Lerner, 2012).

Las luchas contra un modelo de desarrollo depredatorio y dependiente, consolidado bajo el consenso de las commodities (Fraser, 2023; Svampa, 2012), han generado diversos conflictos, negociaciones y resistencias. En este escenario, nuestra principal hipótesis establece que las poblaciones indígenas afectadas se ven obligadas a vivir en tierras contaminadas y devastadas o son expulsadas y forzadas a migrar debido a problemas ambientales o a la violencia directa ejercida sobre sus cuerpos (Castilla, 2024; Navas et al., 2018; Zarilli, 2016), trasladándose a grandes conglomerados urbanos como la Provincia de Buenos Aires desde otras regiones del país (Castilla et al., 2019; Maidana, 2012; Tamagno, 2003; Weiss et al., 2013). Este tipo de situaciones no es algo novedoso en Argentina y en numerosos trabajos de campo, pudimos corroborarlo a partir de entrevistas realizadas a integrantes de poblaciones indígenas que han sido desplazados/as de sus territorios y obligados/as a asentarse en otros lugares, debido a las consecuencias que genera el avance de modelos extractivos. Podemos rescatar algunos fragmentos de entrevista a diferentes actores que dan cuenta de esta situación. Este es el caso de un integrante del pueblo Qom del paraje el Colchón, de la provincia del Chaco que por cuestiones vinculadas al desmonte tuvo que migrar a Derqui en la Provincia de Buenos Aires (PBA):

Siempre vivimos en el monte, de las mariscas, pasó que destruyeron todo el monte. Porque se desmonta todo, así también se pierde la medicina que conservan (…) cuando te duele algo no se encuentra. Anteriormente, la comunidad lo tenía, ahora no. (Entrevista a integrante del pueblo Qom de la provincia del Chaco, actual habitante de Derqui, Provincia de Buenos Aires, julio 2023)

En este otro fragmento, otro miembro del mismo pueblo, pero de la localidad de Pampa del Indio, también provincia del Chaco, se asentó en la provincia de Buenos Aires, luego de periodos de sequía y mala gestión de las infraestructuras hídricas:

Cuando se vino la seca, me vine a Buenos Aires (...) Vivía cerca del Guaycurú, estaba todo seco. Cuando llueve mucho crece, el río Colorado, pero hicieron la defensa y no pasa el agua y la gente sufre mucho. Esos son todos estafadores, juntaron mucha guita. (Entrevista a integrante del pueblo Qom de la provincia del Chaco, actual habitante de Derqui, Provincia de Buenos Aires, julio 2023)

Similar es el relato de un miembro del pueblo Kolla de Jujuy que, tras una crecida del río, empresarios locales utilizaron el avance y retroceso del agua para alambrar las tierras y privatizar espacios habitados por las poblaciones locales, impidiendo su acceso:

Teníamos la casa, las cabras, caballo (…) y el río empezó a crecer y tuvimos que subirnos al terraplén de la vía (...) Sacamos todo y nos tuvimos que ir. El río se llevó todo, dejó todo playo llena de piedras. El problema es que cuando empieza la propiedad privada, todo alambrado. (Entrevista a integrante del pueblo Kolla de la provincia de Jujuy, actual habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio 2023)

Tal como podemos observar en las entrevistas, los escenarios de devastación ambiental y transformación territorial han generado procesos de desplazamientos de gran parte de la población que no fueron analizados en profundidad en Argentina, país en el cual no existen datos fehacientes que refieran a dicha problemática. Desde la década de 1950, el proceso de expulsión, causado por la apropiación y acaparamiento territorial, las transformaciones en la naturaleza y clima, y la violencia directa e indirecta sobre las familias indígenas, provocó –y aún continúa generando a través de la invisibilización de su cultura y criminalización de los pueblos– un quiebre de las economías domésticas y el abandono de los lugares de origen (Slutzky, 2005). Esto contribuye, por un lado, a que un sector de la población indígena del país migre y, por otro lado, provoca que aquellos/as habitantes que pudieron permanecer en sus territorios habiten bajo condiciones adversas frente a un modelo extractivista y destructor (Carrasco y Briones, 1996; Escobar, 2005).

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las migraciones debido al cambio climático han aumentado en un 60% desde la década de 1990, especialmente entre la población rural que se desplaza a áreas urbanas (ONU, 2018). Estas migraciones a menudo ocurren bajo condiciones de hacinamiento o con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas (Castilla, 2023). De acuerdo con los datos proporcionados por el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), en Argentina se registraron más de 160.000 desplazamientos internos entre 2008 y 2023 debido a desastres naturales relacionados con el clima. Más del 90% de estos desplazamientos fueron resultado de inundaciones, mientras que aproximadamente 11.000 fueron ocasionados por tormentas^[2].

Este tipo de eventos evidencian una tendencia creciente de desplazamientos internos en Argentina como consecuencia de desastres naturales relacionados con el clima, especialmente inundaciones. Estos fenómenos parecen estar aumentando en frecuencia e intensidad en los últimos años, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables, incluyendo comunidades originarias, campesinos y pequeños/as productores/as. En esta línea, encontramos que la población originaria de la Provincia de Buenos Aires ha aumentado entre los censos del 2010 y 2022 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)^[3].

Cuadro 1. Población total, indígena y nacida en otra provincia. Provincia de Buenos Aires. Años 2010 y 2022

Fuente: elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2010 y 2022 (INDEC).

El aumento de la población identificada como indígena puede ser atribuido a varios factores, incluyendo una mayor visibilidad y reconocimiento de las identidades indígenas, así como nuevas técnicas y metodologías utilizadas en los relevamientos censales que permiten una identificación más precisa. Sin embargo, nos parece oportuno remarcar que, según nuestras investigaciones y las entrevistas realizadas, el desplazamiento de comunidades desde otros territorios hacia esta zona –donde las poblaciones rurales disminuyen debido a estos movimientos–, también contribuye al incremento de los índices de habitantes indígenas en la PBA, siendo esto otra posible causa que explica la tendencia. A partir de los datos de los censos de 2010 y 2022 podemos observar que el aumento en la población indígena en términos absolutos es de 72.519 personas. Es decir, la población indígena en la Provincia de Buenos Aires aumentó un 24,3% entre 2010 y 2022. Además, contamos con el dato de la población indígena nacida en otra provincia en ambos censos, donde vemos que el aumento en términos absolutos refiere a 41.793 personas, un 84,7% en esa década. A partir de ello, podríamos concluir que una parte significativa del aumento de la población indígena en Buenos Aires entre 2010 y 2022 podría deberse a la migración interna, con un aumento notable de personas que nacieron en otras provincias.

En nuestra investigación nos circunscribimos a trabajar en la Provincia de Buenos Aires que cuenta con una población de más de 17.523.996 habitantes según el Censo del 2022 realizado por el INDEC, en una superficie de 307.571 kilómetros cuadrados, en la que se incluyen áreas densamente pobladas como la Región Metropolitana de Buenos Aires. La Provincia está atravesada por múltiples cuencas hídricas, ríos y arroyos subsidiarios que confluyen y atraviesan esta región, que a su vez se encuentran altamente contaminadas, producto de las actividades agroganaderas, industriales, domiciliarias, hidrocarburíferas, mineras, entre otras. El Cuadro 1 muestra que actualmente 371.830 habitantes se autoadscriben como integrantes de una comunidad indígena. Esta cifra representa el 28,45% de la población originaria del país (INDEC, 2022). A pesar de la significativa presencia indígena en esta Provincia, no existen datos que vinculen y analicen sus trayectorias de vida, procesos de movilidad, escenarios ambientales en los cuales habitan, ni las condiciones de vida que tienen. A partir de la información disponible, como el Registro de Comunidades Indígenas de la Provincia de Buenos Aires, confeccionado por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, hemos sistematizado aproximadamente 950 fuentes. Esto nos ha permitido superponer la ubicación de las comunidades indígenas con los problemas ambientales que identificamos en los territorios. Además, al cruzar estos datos con otras informaciones disponibles, como el Registro de Barrios Populares, datos de Necesidades Básicas Insatisfechas, hacinamiento y acceso al agua potable, hemos concluido que gran parte de estas poblaciones se encuentra en territorios ambientalmente deteriorados. Al respecto, un técnico del CPAI nos decía lo siguiente:

Tenés barrios muy populares que tienen acceso a agua con una manguera. También otros que tienen una cañería, o donde no tenés cloacas (…) los cables son reciclados, empalmes hechos por todos lados, es muy precario… Las casas son muy precarias, el baño en condiciones infrahumanas. La mayoría de las comunidades asentadas en el conurbano tienen esos problemas (…) las respuestas son lentas. (Entrevista a técnico de CPAI, abril 2022)

Tal como mencionamos anteriormente, enmarcados en los debates que se gestan desde la ecología política y la geografía crítica, entendemos que los procesos de urbanización implican mecanismos de desposesión territorial, como señala Harvey (2013), donde las poblaciones más vulnerables –entre ellas, comunidades indígenas– son desplazadas a espacios degradados, fragmentados e inseguros. Esta situación ha reconfigurado la dinámica urbana, generando una creciente desigualdad en el acceso a la ciudad, particularmente en lo referente a la tierra, la vivienda y los recursos, junto con una profunda crisis de empleo que enfrenta a los migrantes indígenas (Curutchet et al., 2012; Gutiérrez, 2012; Tamagno, 2013).

Estos conflictos, sostenidos en el tiempo y anclados en procesos históricos de despojo y precarización, no solo afectan las condiciones materiales de vida de las comunidades, sino que también visibilizan la profunda desconexión entre las necesidades territoriales y las respuestas institucionales. En el próximo apartado nos centraremos en analizar los abordajes estatales y las políticas existentes –o su ausencia– destinadas a atender estas problemáticas.

Sistematización de conflictos y políticas estatales hacia comunidades indígenas en la Provincia de Buenos Aires

Si bien el objetivo general del trabajo fue delimitar y caracterizar los conflictos ambientales que afectan a comunidades indígenas, durante el proceso de análisis se incorporaron variables como género, soberanía alimentaria y participación en espacios institucionales, entre otros, que emergieron de manera significativa en el trabajo de campo y en los testimonios recolectados. Estas dimensiones enriquecen el diagnóstico y aportan elementos clave para el diseño de políticas públicas integrales.

Como se indicó al inicio del artículo, nuestra principal motivación es contribuir al desarrollo de herramientas que permitan planificar estrategias y políticas públicas destinadas a atender estas problemáticas, en particular las que afectan a las poblaciones originarias de la Provincia de Buenos Aires, por ello buscamos, con este trabajo de análisis, presentar debates que hasta el momento se encuentran fragmentados o invisibilizados en la gestión pública. Al respecto, un funcionario del CPAI nos dio un ejemplo concreto, ante la consulta sobre la posible articulación con otros ministerios como el de Ambiente:

Estaría bueno articular porque, ahí en Los Toldos obviamente que es una zona agrícola, ganaderos, estancieros y las fumigaciones que hacen es con glifosato básicamente, así que fumigan todo lo que es la parte de la frontera agrícola de Los Toldos, y escuelas y barrios y lo que sea. Pero cuando nosotros quisimos articular con la gente de medio ambiente no pudimos. (Entrevista a funcionario de CPAI, octubre 2021)

Es necesario señalar otro problema relacionado con la posibilidad de gestión y el interés en abordar estas problemáticas específicas por parte de los entes gubernamentales. En este sentido, la falta de presupuesto y de técnicos/as dedicados/as a trabajar en organismos como el CPAI, así como la real articulación con otras instituciones, tales como el Ministerio de Ambiente, Salud y Educación, entre otros, o la posibilidad de realizar un diagnóstico como el presente, se encuentra considerablemente limitada:

Tenemos pensado articular con todas las direcciones que podamos. Nosotros somos cuatro personas y a veces se nos escapan un montón de cosas lamentablemente (…) Entonces es imposible a veces gestionar sin plata, uno puede tener buenas voluntades, pero las buenas voluntades se acaban y tienen un techo (…) por acción u omisión, muchas veces es omisión, por no conocer, los reclamos indígenas, nos cuesta mucho trabajar con estos temas. (Entrevista a funcionario de CPAI, octubre 2021)

En torno a ello, desde nuestro lugar como investigadores/as, la intención principal de este registro fue el de identificar las problemáticas ambientales y contribuir en la creación de herramientas para su resolución. Así, hemos clasificado geográficamente los conflictos ambientales, limitando nuestra búsqueda a aquellas localidades donde, según la capa de CPAI, se registra la presencia de comunidades indígenas en la provincia (Mapa 1).

Mapa 1. Comunidades indígenas registradas por el CPAI en la Provincia de Buenos Aires
Fuente: elaboración de CIG/UNICEN sobre la base de la capa de comunidades indígenas de CPAI.

La ubicación de los conflictos, tanto por zona, partido, localidad, barrio y la longitud y latitud del conflicto, se construyeron de manera directa en relación con la capa base. Es de destacar que los conflictos, en muchas oportunidades, no presentan una ubicación exacta, y en otros casos, afectan a más de un barrio y/o localidad, por ejemplo, aquellos referidos a contaminación hídrica o aérea que, por ejemplo, impacta sobre una cuenca que atraviesa múltiples territorios. Asimismo, es relevante mencionar que dichos conflictos, muchas veces, no son denunciados por las propias comunidades originarias, sino por diversos actores de la sociedad civil, organizaciones políticas, asambleas vecinales, sindicatos, gremios docentes, entre otros.

A fin de sistematizar los datos relevados, se construyó una clasificación de los conflictos socioambientales identificados en el corpus, que permite analizarlos sin recurrir necesariamente a una tabla estadística, respetando el enfoque cualitativo e integral de este trabajo.

Una segunda variable de análisis consistió en identificar los diferentes tipos de conflictos (Mapa 2). Para ello, también se incorporó una breve descripción basada en el análisis de las diferentes fuentes consultadas. En tal sentido, pudimos identificar grandes problemáticas sobre las cuales construimos los siguientes tipos de conflictos: central eléctrica; conflicto territorial/reserva natural/humedales; contaminación aérea; contaminación sonora; contaminación/gestión hídrica; déficit en la gestión de residuos; y fumigaciones (Cuadro 2).

Cuadro 2. Tipos de conflictos, cantidad y localización en la Provincia de Buenos Aires

Fuente: cuadro de elaboración propia realizado sobre la base de los datos relevados por Pueblos Indígenas, Conflictos Ambientales y Territoriales (PICAT).

En relación con la central eléctrica, solo se ha registrado un conflicto vinculado a denuncias realizadas por los/as vecinos/as sobre esta problemática que afecta a la salud de los/as habitantes de la zona. En cuanto a los conflictos territoriales vinculados a reservas naturales y humedales, se registraron 27 casos, entre los que se encuentran disputas por el crecimiento urbano no planificado sobre territorios ancestrales y/o humedales, denuncias por contaminación en reservas, y acciones locales para preservar espacios verdes.

En el caso de la contaminación aérea, se registraron 7 episodios asociados a emisiones tóxicas industriales, mientras que solo un caso refiere a contaminación sonora. La categoría de contaminación/gestión hídrica concentra 45 casos, que incluyen tanto la contaminación de fuentes de agua por industrias, como la falta de infraestructura hídrica básica. A su vez, el déficit en la gestión de residuos reúne 33 casos relacionados con microbasurales y rellenos sanitarios no controlados, generando impactos diferenciados en los territorios afectados. Las fumigaciones, con 13 casos, se presentan tanto en ámbitos rurales como urbanos, en el marco de dinámicas vinculadas al modelo agroindustrial.

En torno a estos conflictos, se ampliaron dos variables de análisis que dan cuenta de los efectos sobre la naturaleza y las cuencas hídricas.

Es necesario aclarar que esta clasificación cumple una función analítica, pero no implica una separación estricta entre los casos: muchos de los conflictos se superponen y presentan dinámicas interrelacionadas. Por ejemplo, situaciones de fumigación pueden derivar en contaminación hídrica o afectar reservas naturales; del mismo modo, el déficit en la gestión de residuos suele combinarse con problemáticas de agua y salud. Por ello, si bien se han separado en categorías para facilitar su sistematización, entendemos que deben abordarse de manera integrada, tanto en el análisis como en el diseño de políticas públicas.

A partir de haber georreferenciado los diferentes tipos de conflictos en el relevamiento realizado, se confeccionó el siguiente mapa:

Mapa 2. Conflictos ambientales y/o territoriales en la Provincia de Buenos Aires
Fuente: mapa realizado por integrantes del CIG/UNICEN sobre la base del relevamiento realizado por PICAT.

En él podemos encontrar que gran parte de los casos se encuentran focalizados en la Región Metropolitana de Buenos Aires, donde también se encuentra la mayor parte de las comunidades indígenas registradas por el CPAI. Para ello se sistematizaron en un mapa ambas variables y se detectó que aquellas localidades con mayor cantidad de conflictos, en gran parte de los casos, coinciden con las que mayor presencia de comunidades indígenas poseen.

Mapa 3. Conflictos ambientales y/o territoriales y comunidades indígenas en la Provincia de Buenos Aires
Fuente: mapa realizado por integrantes del CIG/UNICEN sobre la base del relevamiento realizado por PICAT.

Mediante la construcción de estos mapas, hemos podido pensar otras variables de análisis a partir de la información disponible, como los índices de calidad de vida. En tal sentido, la idea que guía nuestro trabajo refiere justamente a que en aquellos territorios donde existen peores índices, mayores necesidades básicas insatisfechas, mayor nivel de hacinamiento, menos acceso a servicios básicos, y mayor cantidad de problemas ambientales, entre otros factores, es donde se encuentran las comunidades indígenas, que se han visto históricamente obligadas a asentarse y habitar dichos territorios, sin una política pública que las asista de manera integral (Mapa 3). Ello fue corroborado en diversas entrevistas realizadas en nuestros trabajos de campo. Queremos retomar un fragmento de lo que nos explicaba un técnico de CPAI sobre los principales conflictos que ellos identifican desde el gobierno provincial:

[Los principales conflictos son] los territoriales. Territoriales en el sentido de que la mayoría de las comunidades que se asentaron en Provincia de Buenos Aires y obviamente hacinados. (…) hay comunidades asentadas en lugares donde la calidad de vida es muy baja, viven en una casilla construida de madera, nylon y chapa (…) El problema que tienen las comunidades del conurbano y alguna localidad del interior es la habitabilidad (…) la calidad habitacional de las familias (…) pero si también tenemos denuncias en Los Toldos y Lincoln con las fumigaciones de glifosato y agrotóxicos. (Entrevista a técnico de CPAI, abril 2022)

Mapa 4. Comunidades indígenas e índices de calidad de vida en localidades de la Provincia de Buenos Aires
Fuente: mapa realizado por integrantes del CIG/UNICEN con base en el relevamiento realizado por PICAT.

El mapa muestra también lo que afirma el testimonio de la entrevista reproducida, ya que, del total de comunidades sistematizadas, el 35% se encuentra en localidades con bajos índices de calidad de vida, y el 49% en áreas con índices intermedios. Esto implica que el 84% de las comunidades habita en territorios que no presentan indicadores óptimos según el ICV considerado. Esta situación no implica una calificación absoluta, pero sí una alerta sobre la localización predominante de las comunidades en contextos de mayor vulnerabilidad relativa (Mapa 4). Si bien este indicador no es determinante, permite problematizar acerca de las condiciones de vida en las cuales se encuentra parte de los habitantes de la Provincia de Buenos Airees. Tal como fue informado en la introducción, este índice presenta limitaciones por no incorporar aspectos subjetivos que, sin embargo, son referidos y retomados como tales en las entrevistas que acompañan el análisis. Asimismo, es importante mencionar que la información generada y el cruce entre comunidades con los ICV busca mostrar desigualdades estructurales y no establecer una causalidad estadística, a la vez que no refleja necesariamente todas las dimensiones de bienestar o malestar de forma desagregada. Si bien no se busca elaborar un relevamiento sanitario, sí resulta importante dar cuenta del impacto en la salud que genera gran parte de estas problemáticas. Al respecto, una entrevistada de Marcos Paz nos comentaba lo siguiente:

Tanto la incineración de residuos sólidos peligrosos como tóxicos peligrosos como el uso frecuente de agrotóxicos trae aparejados muchos problemas (…) No es una cosa tan lineal el problema de la salud, pero nosotros queremos hacer un relevamiento para tener una estadística de todo eso como para que se vea que no es lo mismo la cantidad de gente que se enferma con esas problemáticas especiales. (Entrevista realizada en Marcos Paz, mayo 2023)

Otro dato relevante para registrar es la existencia de algún espacio dedicado a la salud cerca de donde sucede ese conflicto, entre los que priorizamos la presencia de hospitales, sanatorios, salas de salud, centros de atención primaria, etc. En los últimos años, hemos investigado exhaustivamente la existencia de espacios dedicados a la atención indígena en estos territorios, con el objetivo de determinar la presencia de políticas orientadas hacia una salud intercultural. En este contexto, hemos recopilado información sobre la presencia de acciones, actividades, normativas o proyectos que promuevan la complementariedad entre los sistemas de salud públicos oficiales y la medicina tradicional, así como el reconocimiento y respeto por la cosmovisión de los pueblos indígenas, por parte de organizaciones u organismos municipales de las distintas regiones.

En relación con esta problemática, se ha identificado la necesidad de crear espacios destinados a la soberanía alimentaria, que para gran parte de las comunidades que hemos entrevistado resulta de central interés. Al respecto, una integrante de la comunidad de Florencio Varela nos comentaba lo siguiente:

Tenemos de todo, mucha gente indocumentada. Hay gente que tiene una casita chiquitita y vive ahí toda la familia, trabaja en los invernaderos. Pero como ganan monedas, así como cobran es para la comida. Entonces, te encontrarás gente que está muy muy carenciada, hay gente que tiene sus cerditos, sus gallinas, sus huevos, es decir, su chacrita, con comida sana. Entonces, el que no tiene tanto, pero tiene huerta o chacra… no tiene carencia de alimentos (…) ahora cuando entró el macrismo nos dio de baja la cooperativa, nosotros lo primero que pensábamos era producir, pollos, cerdos (…) nos tiró y nos dejó tendido en el suelo, no a nosotros solamente, a todos los productores… no nos queda nada. (Entrevista realizada a integrante de una comunidad en Florencio Varela, mayo 2023)

Tal como vemos en esta entrevista, la posibilidad de generar políticas destinadas a garantizar la soberanía alimentaria permite contar con alimentos sanos para aquellos habitantes que viven en condiciones de vulneración, pero también un ingreso para la comunidad que se organiza en cooperativas de trabajo en torno a ello. Otro entrevistado nos decía lo siguiente:

La tierra no es de nadie, la tierra es la tierra, la Pacha es la Pacha y a donde nosotros podamos vivir y ser libres y autónomos vamos a estar bien, libres y felices. Pero nuestro equilibrio es ese, comida sana y en respeto. Entre nuestros hermanos sabemos que no tenemos que contaminar, tenemos un respeto a la vida, respeto a los animales, es una cuestión política. (Entrevista a integrante del pueblo Kolla en Buenos Aires, mayo 2022)

Para abordar este asunto que nos comentaban nuestros/as entrevistados/as y que observamos en los trabajos de campo, hemos indagado sobre la existencia de programas, actividades y acciones vinculadas a la soberanía alimentaria, definida como el derecho de los pueblos a establecer sus propias políticas y estrategias en cuanto a la producción, distribución y consumo de alimentos (Imagen 1). El objetivo es asegurar una alimentación adecuada desde las perspectivas cultural y nutricional para toda la población (Carballo, 2011). Además, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de decretos, resoluciones y ordenanzas municipales, tanto actuales como pasadas, que se enmarquen en el concepto mencionado. Este proceso de relevamiento y sistematización es fundamental para entender y promover la soberanía alimentaria.

Imagen 1. Huerta comunitaria en Punta Querandí, Dique Luján, Provincia de Buenos Aires
Fuente: fotografía propia tomada en trabajo de campo, junio 2024.

En relación con las políticas sanitarias, en el 31% de los casos registrados existen espacios, acciones, actividades, normativas y/o proyectos que reconocen y respetan la cosmovisión de los pueblos indígenas. Mientras que en el 69% restante no se encontró información al respecto. Sobre la existencia de espacios de soberanía alimentaria, en un 88% de los casos se registró información al respecto y en un 72% existen localidades que presentan algún tipo de legislación, ordenanza o resolución al respecto.

Es importante señalar que esta información, al igual que todo lo analizado en este trabajo, refiere a un diagnóstico generado con la información recopilada. La presencia o existencia de espacios de salud intercultural o soberanía alimentaria no necesariamente garantiza la participación o correcta ejecución de las acciones propuestas; simplemente se ha registrado su presencia, existencia y/o ausencia.

La dimensión de género emergió de forma significativa en el trabajo de campo, evidenciada en la centralidad de mujeres en la denuncia y sostenimiento de los conflictos, como también en encuentros organizativos y prácticas de cuidado territorial. En torno a ello, el equipo encargado de recopilar la información mostró un interés particular en dicha cuestión vinculada al análisis de los conflictos desde una mirada interseccional. Como resultado, se ha sistematizado que la participación de mujeres y diversidades estuvo presente en el 56% de los 164 conflictos analizados. Sin embargo, no se especificó, en las fuentes, la influencia en el 44% restante de los casos. A lo largo de nuestros trabajos de campo y encuentros con comunidades indígenas en la Provincia de Buenos Aires, como también de colectivos ambientales, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, entre otros, hemos encontrado que en la gran mayoría de los casos, son las mujeres quienes llevan adelante la resolución de los conflictos y sostienen prácticas de cuidado para sus familias y territorios, a pesar de ser muchas veces invisibilizadas en espacios de poder, encuentros o mesas de diálogo con actores gubernamentales, por ejemplo. En uno de nuestros trabajos de campo en el Partido de La Matanza, pudimos participar en un encuentro realizado en el marco del día de la Mujer Originaria junto con integrantes de diferentes comunidades indígenas de la región (Imagen 2). Allí los debates versaban sobre cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva intercultural, como también la importancia y relevancia que adquieren las mujeres en las luchas ambientales y culturales que llevan adelante en cada territorio (notas de campo, septiembre 2022). En dicho encuentro, una de las integrantes comentaba lo siguiente en relación con la contaminación del agua y la sangre, refiriendo a la relación y vinculación que existe con la Pachamama desde la cosmovisión indígena:

El agua, como nuestra sangre, nuestra sangre menstrual, está tan contaminado por lo de afuera, que tanto nos vienen a tirar basura, porque es eso, nos tiran basura, que absorbemos, que después nos duele, pero tenemos esto, para sanar (…) es tan figurativo, lo que sucede, justamente en estas aguas, ¿no? Es la fuerza femenina, es el agua que fluye, que sale, es nuestro río. Con tanta historia encima, con tanta historia, con tanta sangre. Porque este río estuvo varios días teñido de sangre, entonces tiene una fuerza impresionante. Somos naturaleza, somos mujeres, somos tierra, somos la Pacha, eso es lo que somos. (Notas de campo, La Matanza, septiembre 2022)

Imagen 2. Encuentro por el día de la mujer originaria en Ciudad Evita, La Matanza, Provincia de Buenos Aires
Fuente: Fotografía propia tomada en trabajo de campo, septiembre 2022.

Respecto a este tema, en el relevamiento consideramos fundamental analizar la participación de las comunidades indígenas en espacios de gestión ambiental y territorial dentro de ámbitos gubernamentales. Se encontró que dicha participación en estos espacios es aislada, es decir, existen acciones no recurrentes en el tiempo y representan solo el 4% de los casos estudiados. En otro 16%, hubo acciones eventuales, significando ello que, si bien se repiten, no implican participación de indígenas en espacios de toma de decisiones. Un ejemplo son los encuentros que se realizan por eventos como el Inti Raymi o Pachamama, entre otros. El 6% de las acciones fueron sostenidas en el tiempo, lo cual indica la existencia de espacios formales de participación indígena dentro de cada municipio. En estos casos, la presencia y creación de secretarías, direcciones, asociaciones civiles reconocidas, entre otras, da cuenta de ello. Es relevante destacar que en el 74% de los casos no se encontró información al respecto. Es decir, desconocemos y/o se invisibiliza la participación y vinculación indígena en dichos espacios (Imagen 3).

Imagen 3. Manifestación de pueblos indígenas en el Congreso de la Nación Argentina
Fuente: fotografía propia tomada en el trabajo de campo, septiembre 2023.

Ahora bien, tal como hemos referido anteriormente, este trabajo surgió con el objetivo de conocer las condiciones de habitabilidad de las comunidades indígenas, primero en la Región Metropolitana de Buenos Aires y luego en el conjunto de la Provincia. Frente a la ausencia de diagnósticos que aborden esta temática de manera interseccional, nos propusimos elaborar un análisis integral, a partir de múltiples fuentes, el relevamiento de territorios concretos y la elaboración de mapas que permitieran representar los datos sistematizados.

La información relevada resultó abundante, no solo en medios de comunicación y redes sociales, sino también en estudios académicos, investigaciones técnicas, informes ambientales y sanitarios. Este corpus sustenta cada uno de los conflictos incluidos en el trabajo.

En este contexto, los datos recopilados han revelado que el 57% de los 164 conflictos identificados han sido analizados en investigaciones académicas, y el 35% cuenta con estudios de impacto ambiental. A pesar de contar con información técnica y científica que respalda la existencia de estos conflictos, solo el 45% ha obtenido alguna forma de resolución institucional. En paralelo, el 47% de los casos presenta procesos penales iniciados en materia ambiental, generalmente como resultado de denuncias impulsadas por las propias comunidades y organizaciones territoriales.

Un dato relevante es la persistencia temporal de los conflictos: el 90% de los casos registrados tiene una duración que oscila entre 1 y 25 años, mientras que el 10% restante supera los 25 años de continuidad. Esto da cuenta de que no se trata de hechos aislados o excepcionales, sino de problemáticas sostenidas en el tiempo, cuyos efectos se acumulan y profundizan.

A pesar de ello, nos interesa rescatar una cuestión vinculada a la potencialidad de estos conflictos, entendiendo por ello, la posibilidad de transformar las condiciones que lo gestaron como también la incidencia que adquieren en el campo público y político, en la consolidación de organización social, en la posibilidad de gestar y construir nuevos saberes y con ello la oportunidad de garantizar la emergencia de acciones y dispositivos tendientes a revertir los escenarios de injusticia socioambiental que generan. En tal sentido, visibilizar dichos conflictos permite instalar nuevos debates en la sociedad que pueden incidir en la toma de decisiones para construir escenarios presentes y futuros diferentes e inclusivos (Azuela y Cosacov, 2013; Merlinsky, 2020; Melé, 2016). En el presente análisis, si bien gran parte de los conflictos presentados no ha obtenido una resolución favorable para los actores denunciantes, en lo que refiere a prohibir o limitar aquellas situaciones que afectan la calidad de vida y territorios, muchos de ellos generaron el encuentro colectivo, la denuncia social y la posibilidad de disputar poder ya sea en un espacio asambleario, una manifestación pública, en la denuncia mediante redes sociales o la generación de diversas producciones como, por ejemplo, audiovisuales, a partir de los cuales se instalan estos temas en la sociedad civil. Pero, fundamentalmente, dichos conflictos han potenciado el encuentro entre diferentes actores, de múltiples territorios que disputan por la construcción de saberes y su buen vivir.

Reflexiones finales

En este artículo, se propuso demostrar y reconstruir la elaboración de un diagnóstico sobre las problemáticas ambientales y territoriales que se despliegan en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires donde habitan comunidades indígenas. En tal sentido, utilizando la información disponible elaborada tanto por organismos gubernamentales como por medios de comunicación, actores denunciantes y trabajos de campo propios, hemos generado estadísticas, pero también cartografías en las cuales se describen 164 conflictos de diferentes índoles, analizados de manera integral desde diferentes variables.

En tal sentido, la primera reflexión a la que podemos arribar es la triangulación existente entre comunidades indígenas, conflictos ambientales y desarrollo geográfico desigual. Hemos visto que aquellos territorios donde existen conflictos denunciados por diversos actores coinciden con las localidades que presentan mayores necesidades básicas insatisfechas, condiciones socioambientales adversas, rodeados de cuencas hídricas contaminadas, entre otros. En dichos territorios, las comunidades indígenas se encuentran además violentada por discursos de odio, por la ausencia de reconocimientos culturales y territoriales, pero también por la falta de políticas públicas interculturales en lo que atañe a la salud, la cuestión de género, la participación, entre otras. En tal sentido, se considera que es en este escenario que las comunidades indígenas se encuentran diferencialmente afectadas y, a pesar de contar con informes ambientales, de salud y múltiples fuentes documentales que respaldan las denuncias –muchas de ellas, con más de un año de persistencia– las intervenciones realizadas son nulas o insuficientes.

En esta línea, una segunda reflexión está vinculada a la selectividad estratégica en el accionar estatal, las demandas y reivindicaciones de determinados sectores que, pese a contar con informes y documentación probatoria, no tienen eco en las políticas de estado. Por tal motivo, creemos que este tipo de trabajos, como el que aquí presentamos, podría proporcionar información para la gestación de herramientas que permitan visibilizar las principales problemáticas y los escenarios en los cuales habitan las comunidades y, en virtud de ello, elaborar políticas interculturales que aborden estas cuestiones y contribuyan a revertir las situaciones de desigualdad socioambiental.

Por último, en un contexto como el actual, de permanente desprestigio hacia la ciencia y hacia la educación pública, de desatención a las cuestiones ambientales especialmente las derivadas del cambio climático y de también de criminalización de las comunidades originarias, caracterizaciones como las que se ofrecen en este trabajo contribuyen a repensar territorios igualitarios y futuros posibles para sus poblaciones. Por ello, estos diagnósticos fueron difundidos entre técnicos/as y funcionarios/as gubernamentales, integrantes de comunidades indígenas y en jornadas y congresos científicos, pero también se sistematizaron en folletos de difusión para la sociedad civil.

La interseccionalidad en las Políticas Públicas, la articulación de la demanda entre colectivos y grupos de diferentes territorios de la Provincia, la identificación de posibles conflictividades ambientales y su impacto en la calidad de vida de las comunidades, entre otros aspectos, son puntos nodales en la construcción de una estrategia de abordaje que sea verdaderamente compleja, interdisciplinaria y transversal; para hacerlo, el aporte de las universidades públicas es un aspecto destacado, que contribuye a superar la fragmentación y las miradas segmentadas sobre las problemáticas socioterritoriales.

Por tanto, a modo de cierre, reiteramos que este trabajo no pretende ser un diagnóstico acabado, sino una herramienta que contribuya a visibilizar la conflictividad ambiental en la Provincia de Buenos Aires y sus impactos diferenciados sobre las comunidades indígenas. Lejos de ofrecer una lectura definitiva o exhaustiva, organiza un conjunto disperso de información para favorecer futuros estudios, políticas públicas situadas y debates más amplios sobre la justicia ambiental en clave intercultural.

Finalmente, se mantiene la sistematización en un formato narrativo, priorizando una lectura integral de los conflictos antes que una exposición estadística exhaustiva, en línea con el enfoque cualitativo y situado que guió esta investigación. Esta decisión metodológica busca fortalecer la comprensión crítica de las desigualdades ambientales sin perder de vista los procesos sociales, políticos y territoriales que las atraviesan.

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